LEGISLACIÓN

La profesión de Detective Privado, se encuentra regulada en España por la Ley 23/1992, de 30 de Julio, de Seguridad Privada, y por el Reglamento que la desarrolla, Real Decreto 2364/1994 y por la Orden de ministerio de Justicia e Interior de 7 de Julio de 1995. 

En el art. 19 de la citada Ley, se regula las funciones del Detective Privado, y dice en el apto. 1: 
Los Detectives Privados, a solicitud de persona física o jurídica, se encargaran:
a) de obtener y aportar información y pruebas sobre conductas y hechos privados.
b) de la investigación de delitos perseguibles solo a instancias de parte, por encargo de los legitimados en el proceso penal. 
c) de la vigilancia en ferias, hoteles, exposiciones o ámbitos análogos.
Complementando lo anterior, el art. 101.2 del Reglamento dice: 
- "a los efectos del presente articulo, se consideran conductas o hechos privados los que afecten al ámbito económico, laboral, mercantil, financiero y en general a la vida personal, familiar, o social exceptuada la que se desarrolle en los domicilios o en lugares reservados." 

De todo ello se deduce que los Detectives Privados tienen un ámbito de actuación definido y licito, siendo su actividad exclusiva y excluyente. 
Exclusiva por que solo puede ser desempeñada por Detectives Privados habilitados por el Ministerio de Interior, y excluyente, por que ninguna persona física o jurídica carente de habilitación puede desempeñar tal función. 
En la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil la figura del Detective Privado es señalada de una forma diferente a los diversos peritos o testigos y dice en el art. 265 " Los informes , elaborados por profesionales de la investigación privada legalmente habilitados, sobre hechos relevantes en que aquellas se apoyen sus pretensiones".

SENTENCIAS


Sentencia del Tribunal Supremo. Sala 6.
De 5 de julio de 1984

Ponente: Sr. De las Cuevas González

En la voz "instrumentos" utilizada por el CC en el art. 1215 puede ser comprendido como medio de prueba el vídeo, ya que al ser una reproducción de imágenes de lo que se está viendo, permite, mediante la posterior observación de lo que se proyecta, conocer lo acaecido, siempre sometido a la apreciación que de ello haga el Juzgador, valorándolo.

Que una prueba sea admisible en derecho no significa que por ello haya de ser practicada, como ocurre en el caso respecto a la prueba de vídeo propuesta, porque la razón de la inexistencia de medios para la proyección podría ser suficiente para su rechazo, pero no cuando se pone a disposición del Tribunal el medio adecuado para ello, ya que entonces falta la razón suficiente para la denegación.



Sentencia del Tribunal Supremo. Sala 6.
De 17 de julio de 1984

Ponente: Sr. Ruíz Vadillo

Si bien las pruebas de fotografías y vídeos no están contempladas expresamente ni en el art. 578.3 LEC ni en el art. 1215 CC, es innegable su aplicación si tenemos en cuenta que las normas han de ser aplicadas de acuerdo con la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas (art. 3.1 CC); la práctica judicial y la jurisprudencia del TS ha admitido ampliamente que, no obstante no haber sido reguladas la producción y apreciación de tales objetos como prueba documental, pueden ser traídos y valorados en el procedimiento probatorio siempre que su realización se lleve a cabo de acuerdo con los principios generales y particulares de nuestro ordenamiento: respecto a la dignidad, intimidad y honor de las personas, posibilidad de contradicción, etc., si se produce una práctica defectuosa de estas pruebas hay que denunciarla de acuerdo con lo establecido en las leyes de procedimiento, acusando en su momento el defecto y haciendo constar la oportuna protesta.

 

 

Sentencia del Tribunal Supremo. Sala 2.
De 5 de febrero de 1988

Ponente: Sr. Ruíz Vadillo

La insistencia del recurrente en orden a la prueba de grabación telefónica, cuyo valor probatorio se niega porque no se halla reconocida en la Ley y porque no hay medios científicos y técnicos, a través de la pericia, para determinar con la debida precisión la identificación de la persona mediante el examen de la voz, obliga a dar una pormenorizada respuesta sobre el tema de la legitimidad de dicha prueba, y si bien es verdad que las relaciones de medios probatorios de las leyes de procedimiento no tienen el carácter de exhaustivas, en cuanto configuran una ordenación acorde con el momento en que se promulgan, no lo es menos que las innovaciones tecnológicas como el cine, el vídeo, la cinta magnetofónica, los ordenadores, etc., pueden y deben incorporarse al acervo jurídico procesal en la medida en que son expresiones de la realidad social que el derecho no puede desconocer, y de alguna manera dichos medios técnicos pueden subsumirse en el concepto, amplio desde luego, de documento en cuanto cosas muebles aptas para la incorporación de señales expresivas de un determinado significado.



Sentencia del Tribunal Supremo. Sala 1.
De 30 de noviembre de 1992

Ponente: Sr. Villagómez Rodil

Efectivamente, los medios probatorios documentales aparecen regulados en los art. 1216 y ss. CC y 596 y ss. LEC. Se suele equiparar documento a escritura, art. 1223 y 1224 CC, y no se prevén las aportaciones probatorias derivadas de los importantes avances y descubrimientos técnicos de estos tiempos, como sucede con las cintas magnéticas, vídeos y cualquier otro medio de reproducción hablada o representación visual del pensamiento humano, contrario a lo que sucede en el CC italiano, cuyo art. 2712 (Secc. 4ª, Tít. 2º, Libro 6º), en relación al precepto 261 Código de Procedimiento Civil, sí recoge tales instrumentos de prueba, tanto en forma general como específica. La falta de atención de nuestros legisladores a estos estados de progreso científico no significa que la Jurisprudencia permanezca estática y pasiva, en razón a labor de hacer el Derecho más próximo y útil a los hombres por su adecuación a la realidad histórico-social presente y complementación del Ordenamiento Jurídico (art. 1.6. y 3 CC). No se da prohibición expresa de utilización de esta clase de medios probatorios, y los art. 578 LEC y 1215 CC no han de reputarse herméticamente cerrados al efecto, en cuanto aquéllos reflejan más que propiamente expresan los pensamientos humanos. En todo caso su utilización probatoria exige siempre la necesaria y precisa adveración y certificación de autenticidad, veracidad y fidelidad que encuentra cauce procesal adecuado mediante el reconocimiento judicial, sometido a las reglas de procedimiento y valoración previstas. En esta línea aperturista, es significativa la antigua sentencia de 25 de mayo de 1945, que reconoce valor probatorio a reproducciones fotográficas, al no presentar en pugna con la ley y concretamente con el precepto procesal 504, estableciendo la resolución los requisitos para lograr eficacia.



Sentencia del Tribunal Supremo. Sala 2.
De 6 de mayo de 1993

Ponente: D. José Antonio Martín Pallín

El sistema procesal constitucional veda la utilización de pruebas obtenidas directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales, según el tenor literal del artículo 11.1º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por lo que debemos examinar si en la presente causa se ha producido la vulneración de los derechos constitucionales que invoca el recurrente. (...)

No están descartados los sistemas mecánicos de grabación de imágenes y su utilización debe realizarse dentro de los márgenes marcados por el respeto a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio. Los derechos establecidos por la Ley Orgánica de 5 de mayo de 1982 (RCL 1982, 1197 y ApNDL 3639) reguladora de la protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, no pueden considerarse absolutamente ilimitados. Del mismo modo que nada se opone a que los funcionarios de policía hagan labores de seguimiento y observación de personas sospechosas, sin tomar ninguna otra medida restrictiva de derechos, mediante la percepción visual y directa de las acciones que realiza en la vía pública o en cualquier otro espacio abierto. No existe inconveniente para que pueda transferir esas percepciones a un instrumento mecánico de grabación de imágenes que complemente y tome constancia de lo que sucede ante la presencia de los agentes de la autoridad.

La captación de imágenes se encuentar autorizada por la ley en el curso de una investigación criminal siempre que se limiten a la grabación de lo que ocurre en espacios públicos fuera del recinto inviolable del domicilio donde tiene lugar el ejercicio de la intimidad. Por ello, cuando el emplazamiento de aparatos de filmación o de escucha invada el espacio restringido reservado para la intimidad de las personas, sólo puede ser acordado en virtud de mandamiento judicial que constituye un instrumento habilitante para la intromisión en un derecho fundamental. No estarían autorizados, sin el oportuno placet judicial, aquellos medios de captación de la imagen o del sonido que filmaran escenas en el interior del domicilio, prevaliéndose de los adelantos y posibilidades técnicas de estos aparatos grabadores, aun cuando la captación tuviera lugar desde emplazamientos alejados del recinto domiciliario.

El material fotográfico y videográfico obtenido en las condiciones anteriormente mencionadas y sin intromisión indebida en la intimidad familiar tienen un innegable valor probatorio, siempre que sea reproducido en las sesiones del juicio oral.